Estamos a unos días de la entrada en vigor del tratado “comercial” entre México, Estados Unidos y Canadá (1 de julio); he colocado comillas en el aspecto comercial, en virtud de que el tratado no es solo un instrumento comercial, sino un acuerdo económico amplio, toda vez que contiene un entramado de obligaciones en diversas materias, que lo alejan de un acuerdo netamente comercial, como son la materia laboral, la anticorrupción o la ambiental. 

Las nuevas obligaciones que ha contraído el Estado mexicano a raíz del T-MEC, tendrán un impacto profundo y transversal, es decir, prácticamente cualquier acción u omisión de México en materia económica podría impactar en alguna obligación del tratado. Lo que constituye un reto trascendental para nuestro país y sobre todo para nuestro estado de derecho. 

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